Un gran vacío informativo se ha hecho a la noticia del amparo otorgado por un Tribunal Colegiado al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que, en este momento, implica la exigencia legal de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) recontrate, como patrón sustituto, a los más de 16 mil trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC) que no aceptaron ser liquidados.
Quizás esto se deba —sin pensar maliciosamente— a la complejidad del litigio, pero acaso sería resultado de presiones oficiales o simple resistencia a aceptar que los trabajadores tienen contra la pared a Felipe Calderón y su ineficaz gobierno.
Recordar los momentos procesales más significativos del litigio acaso permita la mejor comprensión de sus alcances y consecuencias: el decreto de extinción de LyFC fue expedido por Calderón el 10 de octubre de 2009.
El SME interpuso un amparo administrativo contra ese decreto. Un juzgado de distrito lo negó al avalar la decisión presidencial. El sindicato apeló a la Corte, pero ésta resolvió que la extinción de la Compañía de Luz era constitucional. Ahí terminó lo estrictamente administrativo.
En el ámbito laboral, tocó al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), dependiente de Hacienda, hacer la tarea de liquidador de LyFC. Requería, para dar curso al proceso, un laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) que estipulara el fin de la relación laboral (colectiva e individual) y la inexistencia, por lo tanto, de un contrato colectivo y de un sindicato. La Junta así lo hizo y emitió el laudo correspondiente.
