Martín Esparza Flores / Revista SiempreA casi un siglo de su promulgación, nuestra fracturada Carta Magna ha permitido a los gobiernos neoliberales blindarse con una coraza de impunidad que les confiere el poder para desoír lo mismo el clamor de justicia del pueblo de México como las observaciones de los organismos internacionales, en la violación sistemática a los derechos humanos.
Luego de más de 530 modificaciones a su articulado original, nuestra Constitución Política ha terminado por anteponer los intereses de las grandes empresas, nacionales y extranjeras, a los derechos de decenas de miles de ciudadanos, trabajadores y pueblos indígenas que reclaman un nuevo orden jurídico donde se recobre la esencia misma del derecho público, hoy pulverizado por el avasallante derecho corporativo al que vienen sirviendo los gobiernos en turno.
La también aniquilada división de poderes, que derivó en una incondicional postración del Legislativo y Judicial al Ejecutivo, permitió en las últimas tres décadas un uso y abuso del artículo 135 constitucional que faculta al Congreso de la Unión a adicionar o reformar el contenido de nuestra Ley Fundamental, a la par de sus apéndices en las legislaturas locales. Diputados y senadores han aprobado e impulsado leyes secundarias que terminaron por inundar los códigos de disposiciones contrarias al contenido original de la Constitución de 1917, sobre todo en materia social.
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