El pasado 10 de diciembre fue entregado al titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), de la Cámara de Diputados, Alejandro Romero Gudiño, un escrito de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros Untypp, solicitándole que el órgano fiscalizador proceda a fincar responsabilidades de carácter penal en contra de los funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) que en las últimas 3 décadas incumplieron con el manejo de dos fideicomisos creados por la exparaestatal, y pactados con instituciones privadas, entre ellas Bancomer (hoy BBVA), para solventar el pago de diversas prestaciones del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), entre ellas el pago de pensiones.
/Tercera parte
Como se estableció en las leyes secundarias derivadas de la reforma energética, el gobierno federal se comprometió a asumir una “proporción de la obligación del pago de las pensiones y jubilaciones en curso de pago, así como las que correspondan a los trabajadores en activo de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios”, siempre y cuando se cumpliera el “requisito indispensable” de que la ASF realizara una auditoría específica respecto del pasivo laboral de Pemex y sus subsidiarias con el objeto de “identificar las características de las obligaciones de pago de las pensiones y jubilaciones referidas y los determinantes de la evolución del mismo”.
